PETROLEO

La decisión de declarar la caducidad del contrato de Occidental, tomada la semana pasada por el Gobierno ecuatoriano, estaba prevista en el contrato de participación entre esa compañía y el Estado. Hay quienes aseguran que existían decenas de causas para esa declaración, pero la de la transferencia de acciones sin autorización es evidente y también suficiente para que -en cumplimiento del contrato y la ley- se haya declarado la caducidad. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Solo importa la seguridad jurídica cuando se usa para proteger inversiones, impedir cambios tributarios o asegurar utilidades para los grandes capitales internacionales? ¿Qué hará el Gobierno ahora con esta decisión? El Ecuador no se ha caracterizado por un manejo responsable del petróleo: desde el endeudamiento de la época del boom, pasando por la costumbre del despilfarro, hasta llegar a la última decisión del Congreso de considerarlo ingreso corriente, podríamos identificar un patrón que hoy preocupa. Según los nuevos porcentajes de participación luego de la reforma legal, y ahora con la operación del bloque 15, se calcula que el Gobierno recibiría 2 400 millones adicionales. ¿Cómo se invertirán? ¿Quién y bajo qué principios decidirán su asignación? ¿Hemos decidido los ecuatorianos sobre el destino que queremos darle a estos ingresos? ¿Servirán para financiar campañas, salvar cabezas o recomponer mafias? Vigilar este manejo es una tarea urgente.