ACOMODOS

Lo que sucede con la determinación del salario básico unificado es un típico caso de inseguridad jurídica. Nadie puede anticipar cuál será la decisión, pese a que la ley contenga normas claras y expresas sobre cómo actuar. Esto causa grave daño al estado de derecho. Se podrá decir que ya el año anterior el Gobierno decidió un aumento al margen de la inflación esperada para 2005, pero la violación de la ley no justifica que se la repita en el futuro. Para dilucidar si el aumento de US 30 es legal, y por tanto válido, habrá que tener en cuenta la realidad sobre la cuestionada legitimidad del delegado de los empleadores. Más allá de las cuestiones éticas involucradas en el ejercicio de una representación, es sustancial determinar si hubo decisión válida o se trató de una reunión del CONADES en la que no actuaron los legítimos representantes de los respectivos sectores o en la que el delegado de la autoridad no supo conducir la sesión. Porque también en esta materia, la volubilidad de los funcionarios gubernamentales ha sido evidente y penosa. Intencionalmente en este comentario se ha evitado un juicio sobre la justicia de una u otra alternativa para el aumento del salario básico unificado. Ese tema sería materia de consideraciones distintas. Lo que se trata ahora es de insistir en la insoslayable necesidad de que en el Ecuador, gobernantes y gobernados se sometan a la ley, por ser la única manera de convivencia civilizada. De lo contrario, continuará el estancamiento económico y el deterioro social que afectan al país por ya largas dos décadas.