OXY Y EL CUENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA

Difícilmente se puede encontrar una persona que niegue la falta de seguridad jurídica en el Ecuador. Sus instituciones están pulverizadas. Los solemnes reclamos por la seguridad jurídica, sin embargo, se transforman en una tomadura de pelo cuando casos jurídicos en donde solo hay lugar para decisiones jurídicas, se los quiere llevar al campo económico y político. Este es el caso de la caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental (OXY). La ley es clara. No da lugar a interpretaciones. Tampoco hay margen para negociaciones, menos aún espacio para cálculos de costo-beneficio. No se requiere un gobernante salomónico. Simplemente hay que garantizar la seguridad jurídica. Y eso exige un juez probo. De eso se trata. OXY ha violado y sigue violando la Ley de Hidrocarburos y el contrato suscrito con el Estado. Estas violaciones son causales suficientes para declarar la caducidad del contrato: sea por el traspaso del 40 por ciento de derechos y obligaciones del contrato de OXY a Encana sin que previamente se cuente con la autorización expresa del ministro de Energía y Minas; por no haber realizado las inversiones mínimas comprometidas contractualmente; por insistir en infracciones al ordenamiento legal y reglamentario en casi todos los ámbitos del contrato.