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Tema(s): En: Expreso 10 jul. 2005, p. 8Resumen: Tras poco más de un año de entrar en vigencia, la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) no es acatada o se la cumple parcialmente por parte de las instituciones estatales del país. La Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, esta última encargada de la promoción y vigilancia de su cumplimiento, son dos claros ejemplos de organismos infractores de este cuerpo legal. A partir de su vigencia, la LOTAIP concedía determinados plazos a los organismos públicos para cumplir con algunas disposiciones. Una de ellas, señalada en su artículo 7, es la implementación hasta el pasado 18 de mayo de un portal o página web para que difundan, de manera obligatoria, información mínima actualizada, a fin de transparentar su gestión. Para comprobar si las entidades enmarcadas en la ley reúnen ese requisito, este Diario escogió 40 de las instituciones más conocidas en el país y visitó su página oficial en Internet. Como resultado, solo dos cuentan con la información exigida. Del resto, 20 presentan datos parciales, 14 no la tienen, tres carecen de portales disponibles y una posee datos desactualizados. El Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) y el Consejo Provincial de Pichincha obviaron un detalle importante: el informe sobre las remuneraciones mensuales por puesto.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO Expreso. 10 jul. 2005, p. 8 Disponible

Tras poco más de un año de entrar en vigencia, la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) no es acatada o se la cumple parcialmente por parte de las instituciones estatales del país. La Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, esta última encargada de la promoción y vigilancia de su cumplimiento, son dos claros ejemplos de organismos infractores de este cuerpo legal. A partir de su vigencia, la LOTAIP concedía determinados plazos a los organismos públicos para cumplir con algunas disposiciones. Una de ellas, señalada en su artículo 7, es la implementación hasta el pasado 18 de mayo de un portal o página web para que difundan, de manera obligatoria, información mínima actualizada, a fin de transparentar su gestión. Para comprobar si las entidades enmarcadas en la ley reúnen ese requisito, este Diario escogió 40 de las instituciones más conocidas en el país y visitó su página oficial en Internet. Como resultado, solo dos cuentan con la información exigida. Del resto, 20 presentan datos parciales, 14 no la tienen, tres carecen de portales disponibles y una posee datos desactualizados. El Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) y el Consejo Provincial de Pichincha obviaron un detalle importante: el informe sobre las remuneraciones mensuales por puesto.

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