FLEXIBILIZACION LABORAL

El Ecuador, al igual que los demás países de América Latina, posee una ventaja en la producción de bienes de uso intensivo de mano de obra, por ser el factor más abundante y barato, pero un incremento en su costo reduce la participación de sus productos en el mercado de exportaciones. En cambio, en los sectores de uso intensivo de capital, recursos naturales o tecnología, el efecto de incremento del costo de la mano de obra es mínimo. De allí que en las últimas décadas se han hecho esfuerzos importantes para mejorar la calidad laboral y se han vinculado los reajustes salariales a la productividad, y en muchos países se han aprobado reformas para introducir mayor flexibilidad a las estructuras laborales. El Código del Trabajo fue expedido hace 67 años y muchas de sus disposiciones se volvieron obsoletas, aunque se debe reconocer que se han introducido reformas básicas, entre las cuales se pueden mencionar las de 1991 y las que se aprobaron, a partir de la expedición de la Ley Trole 1, que introdujo importantes elementos de racionalidad para unificar los diversos sobresueldos que se pagaban y que contribuían a enredar todo el sistema salarial, proceso que concluyó en 2004. Por otra parte, se han dictado disposiciones que reglamentan el trabajo por horas y la tercerización. Se requieren cambios en la jubilación patronal y en la indexación salarial. La participación laboral en las utilidades de las empresas, fue establecida con el objeto de identificar a los trabajadores con los objetivos de la empresa y para estimular los esfuerzos individuales hacia una meta común; también tiene una intención redistributiva y de fomentar la cooperación entre el capital y el trabajo. El pago de la participación laboral, ha sido seriamente distorsionado, y la gran mayoría de empresas lo evade, situación que ha llevado al Banco Mundial a proponer su eliminación, porque además, luego de la dolarización, la competitividad ya no depende de las devaluaciones, sino de la productividad laboral. Para el Banco Mundial, la participación laboral se ha convertido en un incentivo para la informalidad, el desempleo y la emigración, al obstaculizar la inversión. En todo caso es importante consensuar criterios entre los principales actores, empresarios, trabajadores y gobierno, para alcanzar una adecuada flexibilidad laboral, en beneficio del desarrollo económico y social del país.