ECONOMIA ANALIZARA EL IMPACTO EN EL PRESUPUESTO DE LA REFORMA AL IVA

Evasión tributaria y problemas en el control de la información por parte del Servicio de Rentas Interna (SRI) serán las principales consecuencias del proyecto "IVA cobrado, IVA pagado", que lidera la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Así sostuvo ayer Luis Iturralde, ex ministro de Finanzas, ayer, en Guayaquil, durante la conferencia "Las cuentas claras, impacto en las empresas para el 2005", que realizó la Fundación Mercurio y donde participó también Elsa de Mena, ex directora del SRI. Iturralde sostuvo que cambiar la forma de pago del IVA puede facilitar "tremendos procedimientos de evasión... Si ya tenemos normas no es conveniente incluir otra más". Los empresarios de la ciudad proponen que se pague el Impuesto solo después de haber cobrado las facturas a los clientes que compran a crédito y no al final del mes, sobre la base de las factura emitidas, como es actualmente. Elsa de Mena fue aún más crítica al plan de Eduardo Maruri, presidente de la CCG. "El Estado no puede intervenir ni avalar las decisiones de los particulares. La política de crédito que tiene una empresa para captar mercado y clientes no puede formar parte del Estado", dijo De Mena. Sostuvo que la administración tributaria debe mantenerse ajena a las presiones de grupos económicos. Ambos entendidos coinciden, además, en que el nuevo proyecto restará fondos al Presupuesto General del Estado. Maruri lo reconoce, pero señala que el impacto solo será durante un mes y con un desfase del 20 por ciento de la recaudación. "El Estado tendrá que buscar mecanismos para financiar ese desfase", comentó. Pero Iturralde advierte que el "hueco" que se generará será irrecuperable. "Las empresas se beneficiarán con liquidez entre 30 y 60 días pero al Estado le quitamos recursos que nunca va a recuperar". El ministro, Mauricio Yépez, coincide con el planteamiento de que, eventualmente, la propuesta de los gremios "puede afectar el flujo de la caja fiscal, por lo que habrá que analizar el efecto anual de la medida, para evitar problemas en el Presupuesto del Estado". Sostuvo que realizará un análisis técnico y legal para establecer si implica una reforma jurídica o basta un Decreto Ejecutivo.