PRESUPUESTO INFLEXIBLE

La Ley de Responsabilidad Fiscal obliga al Ministerio de Economía a garantizar la solvencia en el manejo de las finanzas públicas. En consecuencia con ello, el ministro Mauricio Pozo defendió ante líderes sociales, comunitarios y empresariales, anteayer, en Quito, los pilares que sustenta el Presupuesto General del Estado (de US 6950 millones): austeridad, menor dependencia de los ingresos petroleros y de la deuda, un manejo responsable para propiciar estabilidad y, además, la predisposición a la rendición de cuentas. El debate y las mesas de trabajo arrojaron muchas ideas sugestivas, todas ellas dirigidas a propiciar la racionalización del ingreso y del gasto, pero también del manejo de las cifras, al que se exige mayor transparencia. Por ello, la idea de la rendición de cuentas debería ser incorporada como una obligatoriedad legal, así como la de indicadores de eficiencia, que permitan medir la calidad del gasto. Si el Presupuesto es armónico con el programa ortodoxo del ministro Pozo -quien se queja de poca capacidad de maniobra sobre los excedentes-, se hacen indispensables reformas legales que posibiliten una mejora de los ingresos. Reformas, que, por cierto, están planteadas al legislador, para las políticas petrolera y tributaria y en el mercado eléctrico, entre otros. Y, en este ámbito, debe legislarse un régimen jurídico de competencia.