LAS CUENTAS DE LA AGD NO CONVENCEN A LA CONTRALORIA

Varias anomalías encontró la Contraloría General del Estado al auditar la administración y registro de los bienes incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre el 8 de marzo y el 12 de junio de 2002. Uno de los hallazgos más importantes es la duplicidad de registros. Las propiedades incautadas (grupos de 43) pasaron a ser administradas por la compañía Fodevasa, según contrato suscrito el 9 de agosto de 2002. Hasta el 30 de septiembre de 2003, fecha de corte del examen de Contraloría, los auditores encontraron 8 grupos de bienes que también estaban incorporados a los activos de la AGD. Suman US 6'560.811 y supuestamente se ha probado la real propiedad que los ex administradores o ex accionistas del Banco del Progreso tenían sobre ellos. Otro capítulo del examen toca a los 116 embargos realizados entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2003. Eran deudores que mantenían obligaciones por US 75'985.911,35. En la gestión de cobro participaron diferentes abogados contratados por la AGD. Un grupo se encargó de US 27'511.647,65 en deudas, mientras que Bolívar González impulsó el cobro de obligaciones por US 48'474.263,70. La gerenta de la AGD, Wilma Salgado, sabe aprovechar bien los tiempos políticos. Ayer, desde las 14:00 se presentó a la lectura del borrador del informe de Contraloría sobre su gestión, respaldada por unos 350 miembros de organizaciones indígenas y de trabajadores. A las 16:15, Salgado salió de la reunión un momento y aseguró a la prensa que el informe está redactado "de una manera que afecta los intereses de los directivos de la AGD".