LOS ACTIVOS Y CUENTAS DEL AZUAY SIN CONTROL

En el Banco del Azuay, pese a que la entidad cuenta con una Unidad Jurídica de los Bancos Compactados de la Costa, se contrataron servicios profesionales de abogados a quienes se pagó "altos honorarios para defender causas en las que se involucra al personal de la IFI (es decir, el Banco)". Hubo desorden e informalidad en el cambio de administradores de la entidad, según se desprende del informe de "Verificación preliminar de la gestión de la administración temporal", de la Contraloría. Además, la administración temporal no realizó las acciones necesarias para superar las deficiencias señaladas en los informes que se realizaron dentro de los primeros 60 días y las observaciones de las firmas auditoras que analizaron la gestión administrativa. La falta de registros históricos de la información de la entidad y la no aplicación de las reglamentaciones del caso, "determinan que el control interno implementado no es suficiente para salvaguardar los activos de la entidad". La Contraloría halló que no se ha dado la suficiente información para respaldar las acciones coactivas para el cobro a los deudores. De todas formas se iniciaron 175 juicios por 16,4 millones (8 millones están en estado de citación). Tampoco se mantuvo la información con seguridad y orden. El registro informático no asegura los controles, con un riesgo permanente de los equipos y de que accedan personas no autorizadas. La mayor cartera que suma 14,8 millones de dólares está concentrada en 68 deudores.