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¡AUMENTO DEL DECIMO CUARTO ES DE JUSTICIA!

Por: Tema(s): En: El Telégrafo 16 sep. 2002, p. A. 4Resumen: El artículo 113 del Código de Trabajo debe ser justamente interpretado mediante ley por el Congreso, a fin de viabilizar jurídicamente la ubicación de esa remuneración en US 105. Bien sabemos que la macro devaluación del gobierno de Mahuad junto a la dolarización pulverizaron el poder adquisitivo, de suyo insuficiente, que impide cubrir el presupuesto familiar básico. Se estima que al Estado le costaría unos 40 millones tal ajuste, cifra pírrica frente a los US 5.000 millones que le agregó a la banca con el salvataje a más de US 300 millones que le succionaron a la CFN a cambio de "papeles basura", al perdón multimillonario de deudas a los bancos estatizados por parte de poderosos empresarios, a los centenares de millones que seguramente serán perdonados por el "Zar", a las multimillonarias sumas que pierde el Estado por sobreprecios en los contratos de obras públicas, en concesiones, y a los millonarios atracos de los dineros del IESS. Es de justicia aprobar esa ley interpretativa en el Congreso. Los trabajadores tienen pleno derecho a exigir esa medida y lo que es más, tienen la obligación moral de pelearla.
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El artículo 113 del Código de Trabajo debe ser justamente interpretado mediante ley por el Congreso, a fin de viabilizar jurídicamente la ubicación de esa remuneración en US 105. Bien sabemos que la macro devaluación del gobierno de Mahuad junto a la dolarización pulverizaron el poder adquisitivo, de suyo insuficiente, que impide cubrir el presupuesto familiar básico. Se estima que al Estado le costaría unos 40 millones tal ajuste, cifra pírrica frente a los US 5.000 millones que le agregó a la banca con el salvataje a más de US 300 millones que le succionaron a la CFN a cambio de "papeles basura", al perdón multimillonario de deudas a los bancos estatizados por parte de poderosos empresarios, a los centenares de millones que seguramente serán perdonados por el "Zar", a las multimillonarias sumas que pierde el Estado por sobreprecios en los contratos de obras públicas, en concesiones, y a los millonarios atracos de los dineros del IESS. Es de justicia aprobar esa ley interpretativa en el Congreso. Los trabajadores tienen pleno derecho a exigir esa medida y lo que es más, tienen la obligación moral de pelearla.

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