ARGENTINA DESPUES DEL 2001

Luego de once años de convertibilidad, Argentina parece haber llegado a un punto muerto en donde cualquier cosa puede acontecer. Al conglomerado nacional le corresponde el gran desafío de reestructurar el Gobierno, devolverle la confianza a la sociedad civil, elaborar un programa económico que le devuelva al país la capacidad para competir y generar riqueza y políticas sociales que más que contener posibles estallidos sociales como los que se dieron, resuelvan las demandas de una población cada vez más pauperizada. Y es que ningún país puede soportar por mucho tiempo que su Gobierno gaste más de lo que genera como ingreso. La escala de corrupción avanza por toda la estructura política y llega a la representación en la forma más obscena: como Argentina es un estado federal, cada provincia tiene un sistema legislativo que en la mayor parte de casos es bicameral y en donde un representante provincial puede llegar a ganar hasta 170 mil dólares al año. El esquema se repite en el sistema de representación nacional, en donde un senador gana más de 200 mil dólares anuales y la burocracia asociada al poder legislativo alcanza las 10 mil personas. Todo esto en conjunto hace que el costo político alcance los US 5.700 millones, 2 por ciento del PIB argentino, lo que sin duda constituye una fuente determinante en las dismensiones del déficit fiscal. Esa estructura es la que se ha mantenido, a pesar de la convertibilidad y ahora sin ella, y cualquier cambio que signifique devolverle a los argentinos la fe en su país, dependerá de los esfuerzos por desmantelarla.