Negar la crisis Roberto Aspiazu

Negar lo obvio es un contrasentido, pero sucede en política. El Gobierno pretende desconocer la crisis económica para no quedar en la incomodidad de tener que discutir sus responsabilidades. Y sin duda será el último en reconocer el fracaso de su modelo de desarrollo, a pesar de las evidencias. Hubiera sido mejor no impulsar la Ley de Justicia Laboral sancionada en abril pasado, que eliminó el contrato a plazo fijo, incrementando además el monto del desahucio; finalmente, se impusieron nuevas rigideces y mayores costos de contratación. Ahora toca rectificar. La medida es un paliativo que puede servir al sostenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, evitando que tengan que reducir su personal. Pero lo cierto es que el deterioro de la situación económica impone un mayor pragmatismo. El malestar de la crisis conduce a exigir una mayor rendición de cuentas. Ante la iliquidez surge el reclamo por la ausencia de austeridad en tiempos de bonanza. El Gobierno sostiene que la política de gasto público intensivo fue correcta, pero cuando tantos ecuatorianos están perdiendo su negocio o el empleo, alguien tiene que asumir el costo político.