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Más financiamiento y menos transparencia Xavier Basantes

Por: Detalles de publicación: Quito Grupo El Comercio C.A. 2015Descripción: p. 5Tema(s): Recursos en línea: En: El Comercio Año 110 N° 40902 (5 ago. 2015)Resumen: Aunque el Gobierno dice desde la tarima que ‘lo peor ha pasado’, los compromisos externos suben y la realidad muestra una situación económica compleja. Solo basta revisar el documento de 61 páginas que presentó Ecuador, el 28 de mayo del 2015, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para justificar la aplicación de salvaguardias. Allí, en un informe de 200 puntos, se detalla cuál es el escenario para el 2015 y cómo las escasas herramientas de política económica tratan de contrarrestar los efectos de la caída del petróleo y la apreciación del dólar. Si ese documento no es suficiente, hay que revisar el último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), difundido el 29 de julio, en el que se muestra una situación difícil, para los próximos meses, aunque mantiene una previsión de crecimiento del 1,9%, para este año. En medio de estos preocupantes diagnósticos, el proceso de financiamiento externo ha sido permanente en lo que va del año. Finanzas menciona que cuenta con 36 fuentes de recursos para atender el Presupuesto anual y en la búsqueda de esos salvavidas ha recurrido a la CAF, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Deustche Bank de España, a China; además, ha colocado bonos, etc. La más reciente operación (USD 2 500 millones por la venta anticipada de petróleo a la empresa tailandesa PTT International Trading) se suma a una larga lista de mecanismos de financiamiento del Gobierno (una fórmula que ya desarrolla con China), pero cuyos detalles de ejecución y operación no han sido difundidos con toda la transparencia que una acción como esta exige. Eso, aunque la Constitución dice (art. 286) que “las finanzas públicas, en todos los niveles del Gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente…”. El país no sabe con exactitud los términos de la preventa a PTT; ni cuándo se realizarán los desembolsos y las condiciones. ¿Quién audita este tipo de contratos? La única impresión que existe es que el Gobierno está pateando para más adelante un serio problema fiscal.
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Aunque el Gobierno dice desde la tarima que ‘lo peor ha pasado’, los compromisos externos suben y la realidad muestra una situación económica compleja. Solo basta revisar el documento de 61 páginas que presentó Ecuador, el 28 de mayo del 2015, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para justificar la aplicación de salvaguardias. Allí, en un informe de 200 puntos, se detalla cuál es el escenario para el 2015 y cómo las escasas herramientas de política económica tratan de contrarrestar los efectos de la caída del petróleo y la apreciación del dólar. Si ese documento no es suficiente, hay que revisar el último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), difundido el 29 de julio, en el que se muestra una situación difícil, para los próximos meses, aunque mantiene una previsión de crecimiento del 1,9%, para este año. En medio de estos preocupantes diagnósticos, el proceso de financiamiento externo ha sido permanente en lo que va del año. Finanzas menciona que cuenta con 36 fuentes de recursos para atender el Presupuesto anual y en la búsqueda de esos salvavidas ha recurrido a la CAF, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Deustche Bank de España, a China; además, ha colocado bonos, etc. La más reciente operación (USD 2 500 millones por la venta anticipada de petróleo a la empresa tailandesa PTT International Trading) se suma a una larga lista de mecanismos de financiamiento del Gobierno (una fórmula que ya desarrolla con China), pero cuyos detalles de ejecución y operación no han sido difundidos con toda la transparencia que una acción como esta exige. Eso, aunque la Constitución dice (art. 286) que “las finanzas públicas, en todos los niveles del Gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente…”. El país no sabe con exactitud los términos de la preventa a PTT; ni cuándo se realizarán los desembolsos y las condiciones. ¿Quién audita este tipo de contratos? La única impresión que existe es que el Gobierno está pateando para más adelante un serio problema fiscal.

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