Cuentas claras Expreso

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2014, el Sector Público No Financiero del Ecuador (SPNF) habrá gastado aproximadamente $ 230.000 millones. El Presupuesto General del Estado (PGE) a su vez el mayor componente del gasto público ha sido aprobado por la Asamblea por un monto de alrededor de 36.000 millones de dólares, y si se añade el ejercicio fiscal de 2016 se puede colegir que hasta la culminación de este gobierno el gasto público se aproximará a un tercio de trillón de dólares: un diez seguido de doce ceros – cifra hasta hoy desconocida en el país, e incomprensible para el común de los mortales. Entretanto, hasta el 30 de junio, 2014 los ingresos originados en la exportación de crudo sumaron $ 67.541 millones, y los no petroleros $ 118.997 millones. El petróleo ha cubierto una tercera parte del gasto público, habiéndose destinado (según datos proporcionados por el Banco Central) $62.209 millones para gastos de inversión, y la diferencia para otros gastos. Con los incrementos programados en la producción, el país deberá exportar alrededor de 380.000 barriles de petróleo diariamente; por lo tanto, cada dólar de variación del precio del petróleo causará una merma (o incremento) de 380.000 dólares diarios, y en 365 días del año alrededor de 140 millones de dólares en los ingresos petroleros brutos. El PGE ha sido aprobado con un precio referencial de $ 79 lo que, dependiendo de la evolución del precio en el año venidero, presupone un déficit de ingresos permanentes de capital (para el SPNF) de entre $ 1.400 millones (si el precio es $10 por debajo del referencial) y $ 2.800 millones (en el escenario pesimista de que esté $ 20 por debajo). El PGE aprobado contempla, además, un endeudamiento de $ 8.000 millones, o alrededor del 20 % del gasto programado. En barriles de petróleo, si dicha inversión fuera cubierta con recursos propios, se requeriría tener una exportación diaria casi el doble de la proyectada. Son cuentas claras que permiten contrastar el torrente de recursos percibidos por el Gobierno con la actual circunstancia de desfallecimiento fiscal y sensación de acorralamiento por las cambiadas circunstancias de la economía.