LA ARGENTINA SANCIONA A TELEFONICA

Noticia publicada el 4 de abril anterior informa que "el Gobierno argentino impondrá -las sanciones máximas- a la compañía de telefonía celular Movistar, del grupo español Telefónica, por la avería que dejó este lunes durante varias horas sin servicio a unos 16 millones de abonados. Se destacan tres o cuatro aspectos: 1) Que en la Argentina solo una compañía tiene 16 millones de usuarios, equivalente a casi la mitad de habitantes de 40,5 millones a 2010, mientras que en el Ecuador, sumadas todas las empresas de telefonía celular, hay más abonados que habitantes. 2) Que, en tratándose de un servicio público de esa magnitud, es indispensable el control del Estado, no solo por la posición dominante del mercado, que aquí y en celulares tiene Claro (antes Porta), por ejemplo, sino para evitar las políticas abusivas de tales compañías. Pero 3) La noticia también nos deja el hecho de existir en el hermano país asociaciones de usuarios que conforman una especie de sindicato de consumidores de bienes y servicios que, siendo de consumo masivo o públicos, respectivamente, requieren de una organización independiente del control estatal que, coadyuvando con este, haga valer los derechos individuales o de grupo de sus asociados. Estos entes, en la práctica, hacen más efectivo el control estatal, protegen a sus afiliados, difunden sus derechos y contraponen las necesidades de los bienes o servicios frente a los intereses meramente económicos de las empresas. Finalmente, 4) Que las autoridades tienen la decisión política -y así ocurre en el Ecuador, particularmente en telecomunicaciones, pero no en electricidad- de imponer sanciones y resarcimientos para que las frecuentes deficiencias de los servicios, que se traducen en costos y daños comprobables, no las paguen ni las sufran solo los consumidores y usuarios, sino también, y como corresponde, las empresas que mal los ofrecen.