LA CONTRALORIA CUESTIONA LOS CONTRATOS DE LAS TELEFONICAS

Hace cuatro años el Gobierno renovó las concesiones a las operadoras Claro (entonces Porta) y Movistar. Sin embargo, aún existen dudas sobre la forma en que se realizó la negociación y se calcularon los 700 millones de dólares que pagaron las empresas. Esos contratos se firmaron el 26 de agosto de 2008 con Claro y el 20 de noviembre con Movistar. El 22 de abril, la Contraloría inició un examen especial del caso por pedido de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). Este se debía conocer un año después. Pero el borrador de Contraloría, realizado por la Dirección de Auditoría 1, se emitió recién en septiembre de 2010. En él se analizan los contratos con las telefónicas y aquellos que firmó la SENATEL con las consultoras Latin Pacific Capital y Nera Economic Consulting, que fueron las encargadas de definir los parámetros de la negociación. De 124 páginas, la Contraloría dedica 51 a examinar los posibles errores que se cometieron en el modelo que se usó para determinar el valor de la concesión. El equipo de auditoría solicitó a la SENATEL información de cómo las telefónicas determinaron el valor del primer pago, que se debió realizar en abril de 2009. En el informe se dice que no recibieron las facturas y no pudieron examinar ese proceso. Además, la Contraloría señala como un error la contratación de Latin Pacific Capital como banco de inversión. Su tarea fue valorar la renovación de los contratos. A ese capítulo, en el cual se analizan los problemas detectados, el informe dedica 73 páginas. La Contraloría pidió a la SENATEL, el 22 de junio de 2009, que justifique ese contrato con Latin Pacific Capital.