EL REGIMEN DISPUESTO A MODIFICAR LEY TOPO
EL REGIMEN DISPUESTO A MODIFICAR LEY TOPO
Luego de un foro de dos horas, el viceministro de Finanzas, Ramiro Galarza, admitió que la denominada Ley Topo debía ser readecuada en algunos artículos. En la reunión, que se desarrolló la noche del miércoles, y que fue organizada por Jubileo 2000, el viceministro se refirió principalmente a las reformas al Código Penal. Según estas, habrá reclusión de 8 a 16 años y multa de US 10.000, a quienes "destruyan, deterioren, inutilicen, interrumpan o paralicen servicios públicos, de gas, petróleo y sus derivados o realicen cualquiera de estas acciones impidiendo la operación de campos petroleros". "En realidad nos descuidamos en este tema", admitió. La reflexión la hizo luego de que Pablo Dávila, asesor económico de los movimientos sociales, dijera que de aprobarse este artículo las comunidades deberán desocupar inmediatamente el sector de los campos petroleros, porque de lo contrario serán sancionadas con prisión. Sin embargo, el viceministro defendió el resto del paquete de reformas. Enrique Sierra, de Jubileo 2000; Bernardo Henriques, ex administrador temporal de la Categ, y Homero Merino, procurador síndico del Municipio de Santo Domingo, indicaron que el proyecto es privatizador. Aseguran que liberaliza la deuda pública, facilita la salida al exterior del ahorro nacional, contribuye a la desocupación y acrecienta el poder del Ministerio de Economía. Enrique Sierra indicó que el proyecto es un retroceso en el sector petrolero. "Desaparece el riesgo de la compañía, entonces quien se lleva el riesgo es Petroecuador". Bernardo Henriques se refirió a las reformas al sector eléctrico y dijo que el proyecto pretende reconocer el déficit tarifario para destinarlo a nuevas inversiones.
REFORMA ECONOMICA
PARLAMENTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MOVIMIENTOS SOCIALES
ECUADOR
REFORMA ECONOMICA
02
1nac
EC
Luego de un foro de dos horas, el viceministro de Finanzas, Ramiro Galarza, admitió que la denominada Ley Topo debía ser readecuada en algunos artículos. En la reunión, que se desarrolló la noche del miércoles, y que fue organizada por Jubileo 2000, el viceministro se refirió principalmente a las reformas al Código Penal. Según estas, habrá reclusión de 8 a 16 años y multa de US 10.000, a quienes "destruyan, deterioren, inutilicen, interrumpan o paralicen servicios públicos, de gas, petróleo y sus derivados o realicen cualquiera de estas acciones impidiendo la operación de campos petroleros". "En realidad nos descuidamos en este tema", admitió. La reflexión la hizo luego de que Pablo Dávila, asesor económico de los movimientos sociales, dijera que de aprobarse este artículo las comunidades deberán desocupar inmediatamente el sector de los campos petroleros, porque de lo contrario serán sancionadas con prisión. Sin embargo, el viceministro defendió el resto del paquete de reformas. Enrique Sierra, de Jubileo 2000; Bernardo Henriques, ex administrador temporal de la Categ, y Homero Merino, procurador síndico del Municipio de Santo Domingo, indicaron que el proyecto es privatizador. Aseguran que liberaliza la deuda pública, facilita la salida al exterior del ahorro nacional, contribuye a la desocupación y acrecienta el poder del Ministerio de Economía. Enrique Sierra indicó que el proyecto es un retroceso en el sector petrolero. "Desaparece el riesgo de la compañía, entonces quien se lleva el riesgo es Petroecuador". Bernardo Henriques se refirió a las reformas al sector eléctrico y dijo que el proyecto pretende reconocer el déficit tarifario para destinarlo a nuevas inversiones.
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