ULTIMA OPORTUNIDAD

El Ecuador disfruta de un conjunto de condiciones favorables no aprovechadas. Inflación de 3 por ciento como consecuencia de la dolarización. Remesas de los inmigrantes por aproximadamente US 2000 millones anuales y altos ingresos derivados de los precios del petróleo, lo cual ha permitido mantener un cierto nivel de actividad económica. Ahorros del IESS y renta petrolera que han solucionado gran parte del pago de las amortizaciones de la deuda. Bajas tasas de interés internacionales que reducen el costo del crédito. Un sistema financiero que ha ganado en solidez y cierta tendencia a ahorrar a plazos más largos. Cuentas de todo el sector público con superávit. Una mejor solvencia del país expresada en la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) de 36 por ciento y deuda externa/PIB de 26 por ciento. Adicionalmente, mayores ahorros en el FAC. Este escenario en gran medida ha sido producto del azar y no de una acción planificada del Estado. Por el contrario, al amparo de estas condiciones y del imprevisto maná petrolero, se han acumulado serias distorsiones en la economía. Más de US 10.000 millones adicionales en los últimos seis años se han consumido en gasto corriente y subsidios. La masa salarial pública se ha desbordado. El déficit actuarial del IESS sigue en aumento ante alzas de pensiones que no atienden a su cálculo. Las empresas eléctricas son un lastre y ocasionan grandes pérdidas al Estado. PETROECUADOR es una empresa quebrada e ineficiente y se han alejado las inversiones en el sector petrolero. La balanza comercial no petrolera es negativa en más de US 3.600 millones. Las aduanas continúan como antro de corrupción y atentado al comercio. Casi nada se ha avanzado en productividad y competitividad. En esa dirección, se requiere un plan económico y un programa fiscal sostenible. Hay que votar por quien los presente.