¿No habrá el batatazo? León Roldós Aguilera

El anuncio por parte del Gobierno de la ley que propone eliminar la elusión del impuesto a las herencias no debería generar resistencia, si se limitara a que la tributación llegue a formas societarias y de fundaciones en el exterior -sobre todo a aquellas en países de menor tributación o paraísos fiscales-. Pero el problema de fondo está en la credibilidad de que solo hasta ahí llegue esa ley, porque el mismo Gobierno tantas veces ha sido reiterativo en querer imponer tarifas confiscatorias para las herencias, bajo la hipótesis de que la herencia es un robo social, lo que origina la sospecha de que una vez que la ley esté para el segundo debate caiga el batatazo de sorpresa con la modificación de las tarifas tributarias. Uno de los posibles problemas de futuro es que la mayor parte de los bienes que se heredan -inmuebles, vehículos, acciones o participaciones en compañía- sean ilíquidos. Si no se puede ejercer actos de heredero mientras este no pague el impuesto a las herencias, la situación podría volverse inmanejable. No podrá disponerse de los bienes heredados para venderlos o hipotecarlos o prendarlos, y habrá necesidad de actos de gestión que no pueden esperar, que son imposibles de realizar. El Fisco siempre podrá embargar y esto podrá ser una grave afectación al patrimonio de la herencia y la gestión de este. De acuerdo con la idea de que el impuesto se cuantifique, pero deben haber plazos aceptables –quizás como convenios tributarios– para el pago del impuesto, no condicionar el pago para que los herederos puedan ejercer o realizar actos de heredero. Atrás de buena parte de formas de elusión -las que no defiendo- ha estado aquello de las trabas para la declaración y el pago del impuesto a las herencias. Por ello, la eliminación de tales formas debe ir con la simplificación del trámite y la posibilidad de que tal pago no signifique la traba de los patrimonios heredados, ya que no se los puede hacer líquidos de un día para otro.