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EL PAIS Y SU RETO HISTORICO

Por: Colaborador(es): Tema(s): En: Dinero, Diario de Negocios 16 sep. 2004, p. 6Resumen: Ecuador tiene los recursos y posibilidades para superar la pobreza y bajos estándares de vida, y alcanzar el progreso que ya han logrado otras naciones de características similares. La falta de crecimiento económico y el embotellamiento político conducen al país a un serio desequilibrio social, político, económico y financiero, que pondrá en peligro no solo la estabilidad económica y social, sino el propio esquema democrático. Nuestras instituciones están muy debilitadas. El marco para entendernos mutuamente no opera. El Congreso Nacional no responde a las exigencias del momento. El Gobierno carece de norte. Los partidos políticos no cumplen con su misión de integrar las aspiraciones de los distintos segmentos de la sociedad. La propiedad y la seguridad jurídica están debilitadas. El mundo se globaliza. Caen las barreras al comercio. Las sociedades que modernizan sus plataformas productivas y sociales prosperan. Las otras se hunden en la pobreza y el caos. Sin crecimiento ni empleo, la sociedad no podrá soportar las tensiones sociales y políticas. El Ecuador requiere adoptar un conjunto de reformas económicas y políticas que permitan reconstruir y fortalecer al Estado; conseguir la estabilidad y justicia anhelada por todos los ecuatorianos, robusteciendo al sistema democrático; estructurar una plataforma productiva que sea competitiva, atrayendo capitales privados y creando empleo. La justicia debe servir al humilde y al poderoso sin distingos. Debe perseguirse la corrupción y los corruptos tienen que ser enviados a las cárceles. Debe instaurarse un sistema electoral que reduzca el número de partidos y posibilite los acuerdos de gobernabilidad. La elección de los diputados en la segunda vuelta propenderá a ese objetivo. Los partidos políticos deben democratizarse y defender no tanto los intereses de sus dirigentes, como el interés general de la República. Deben despolitizarse la justicia, los organismos de control y las empresas estatales. La ineficiencia y corrupción en el sector público -energía, telecomunicaciones, aduanas- hacen desaparecer unos US 2.000 millones anuales, fondos con los que se podría transformar al país. Las reformas económicas deben propender a la estabilidad, el crecimiento y la redistribución del ingreso. El nivel de ahorro y de inversión debe ascender a no menos del 30 por ciento del PIB, para incrementar el crecimiento sostenido de la economía a tasas anuales superiores al 6 por ciento. Toda la política pública debe estar diseñada con este objetivo. Sin aumentos de productividad no hay progreso económico. La apertura del sector petrolero estatal a la inversión extranjera es una necesidad vital dentro de un equilibrio para el Estado y el inversionista. La descentralización debe transferir a los municipios responsabilidades y no solo ingresos. El sistema de pensiones debe transformarse al esquema de capitalización individual; debe privilegiarse la educación básica por sobre la universitaria. La reforma fiscal es vital para evitar la destrucción de las finanzas públicas. El Estado debe asegurar el equilibro fiscal y una alta calidad en el gasto. Los mecanismos y entidades de recaudación tributaria no deben politizarse. Deben focalizarse los subsidios y eliminarse las preasignaciones fiscales a excepción de los fondos de estabilización. Debe acordarse la reforma tributaria, sin creación de impuestos y con el objetivo de incrementar las recaudaciones vía simplificación impositiva y de mayores atribuciones al SRI para la lucha contra la evasión. Debe reordenarse y negociarse la deuda pública, tanto en sus plazos como en los niveles de tasa de interés, a fin de liberar recursos financieros para asegurarles a los sectores sociales de la educación y salud. El mercado de trabajo debe ser más flexible y el Código de Trabajo reformado para tal fin. Es necesario congelar las remuneraciones del sector privado. La promoción de las exportaciones no petroleras debe ser una prioridad en la estrategia de desarrollo futuro. No puede castigarse a las exportaciones, ni tributaria ni administrativamente. Los brazos financieros del Estado deben poner a disposición del sector privado líneas de crédito a largo plazo y a tasas de interés menores que la banca privada. Los costos públicos y contribuciones que pesan o influyen sobre la tasa de interés deben, en su mayor parte, eliminarse. El país requiere grandes reformas. Que los líderes políticos del Ecuador se desprendan de su propios intereses y piensen en el Ecuador del futuro.
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Ecuador tiene los recursos y posibilidades para superar la pobreza y bajos estándares de vida, y alcanzar el progreso que ya han logrado otras naciones de características similares. La falta de crecimiento económico y el embotellamiento político conducen al país a un serio desequilibrio social, político, económico y financiero, que pondrá en peligro no solo la estabilidad económica y social, sino el propio esquema democrático. Nuestras instituciones están muy debilitadas. El marco para entendernos mutuamente no opera. El Congreso Nacional no responde a las exigencias del momento. El Gobierno carece de norte. Los partidos políticos no cumplen con su misión de integrar las aspiraciones de los distintos segmentos de la sociedad. La propiedad y la seguridad jurídica están debilitadas. El mundo se globaliza. Caen las barreras al comercio. Las sociedades que modernizan sus plataformas productivas y sociales prosperan. Las otras se hunden en la pobreza y el caos. Sin crecimiento ni empleo, la sociedad no podrá soportar las tensiones sociales y políticas. El Ecuador requiere adoptar un conjunto de reformas económicas y políticas que permitan reconstruir y fortalecer al Estado; conseguir la estabilidad y justicia anhelada por todos los ecuatorianos, robusteciendo al sistema democrático; estructurar una plataforma productiva que sea competitiva, atrayendo capitales privados y creando empleo. La justicia debe servir al humilde y al poderoso sin distingos. Debe perseguirse la corrupción y los corruptos tienen que ser enviados a las cárceles. Debe instaurarse un sistema electoral que reduzca el número de partidos y posibilite los acuerdos de gobernabilidad. La elección de los diputados en la segunda vuelta propenderá a ese objetivo. Los partidos políticos deben democratizarse y defender no tanto los intereses de sus dirigentes, como el interés general de la República. Deben despolitizarse la justicia, los organismos de control y las empresas estatales. La ineficiencia y corrupción en el sector público -energía, telecomunicaciones, aduanas- hacen desaparecer unos US 2.000 millones anuales, fondos con los que se podría transformar al país. Las reformas económicas deben propender a la estabilidad, el crecimiento y la redistribución del ingreso. El nivel de ahorro y de inversión debe ascender a no menos del 30 por ciento del PIB, para incrementar el crecimiento sostenido de la economía a tasas anuales superiores al 6 por ciento. Toda la política pública debe estar diseñada con este objetivo. Sin aumentos de productividad no hay progreso económico. La apertura del sector petrolero estatal a la inversión extranjera es una necesidad vital dentro de un equilibrio para el Estado y el inversionista. La descentralización debe transferir a los municipios responsabilidades y no solo ingresos. El sistema de pensiones debe transformarse al esquema de capitalización individual; debe privilegiarse la educación básica por sobre la universitaria. La reforma fiscal es vital para evitar la destrucción de las finanzas públicas. El Estado debe asegurar el equilibro fiscal y una alta calidad en el gasto. Los mecanismos y entidades de recaudación tributaria no deben politizarse. Deben focalizarse los subsidios y eliminarse las preasignaciones fiscales a excepción de los fondos de estabilización. Debe acordarse la reforma tributaria, sin creación de impuestos y con el objetivo de incrementar las recaudaciones vía simplificación impositiva y de mayores atribuciones al SRI para la lucha contra la evasión. Debe reordenarse y negociarse la deuda pública, tanto en sus plazos como en los niveles de tasa de interés, a fin de liberar recursos financieros para asegurarles a los sectores sociales de la educación y salud. El mercado de trabajo debe ser más flexible y el Código de Trabajo reformado para tal fin. Es necesario congelar las remuneraciones del sector privado. La promoción de las exportaciones no petroleras debe ser una prioridad en la estrategia de desarrollo futuro. No puede castigarse a las exportaciones, ni tributaria ni administrativamente. Los brazos financieros del Estado deben poner a disposición del sector privado líneas de crédito a largo plazo y a tasas de interés menores que la banca privada. Los costos públicos y contribuciones que pesan o influyen sobre la tasa de interés deben, en su mayor parte, eliminarse. El país requiere grandes reformas. Que los líderes políticos del Ecuador se desprendan de su propios intereses y piensen en el Ecuador del futuro.

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