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Tema(s): En: El Universo 7 sep. 2011, p. 8Resumen: El proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (Ley Antimonopolio), propuesta por la presidencia de la República, forzaría a la venta de otros negocios a los accionistas, partícipes y directores de la banca privada y de los medios de comunicación. El proyecto, que se tramita en la Comisión de lo Económico de la Asamblea, reformaría las leyes de Instituciones Financieras y la Ley de Radiodifusión y Televisión. En esta última el artículo 74 C plantea en su transitoria vigésimo sexta que "no podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicación, los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional, que posean el 6 por ciento o más del paquete accionario con derecho a voto". Tampoco quienes, a criterio del organismo de control, tengan más del 6 por ciento aun cuando individualmente considerados no posean dicho porcentaje o quienes formen una unidad de interés económico. La ley da menos de un año (13 de julio del 2012) para enajenar dichas acciones o participaciones. Se establece una normativa similar para las personas naturales o jurídicas del sistema financiero con respecto a otros negocios ajenos a la actividad financiera. En este punto, la crítica que ha surgido por parte de la banca debido a que dentro de los negocios que deben ser desinvertidos se incluyen los que están regulados por la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Seguros. Esta normativa es la misma que ya se publicó en la Resolución JB de la Junta Bancaria y que había sido criticada, entre otras razones, por pretender reformar la ley de instituciones financieras con una normativa inferior. La ley otorga el mismo plazo para que la banca venda sus acciones en otro tipo de negocios, incluidos administradoras de fondos, seguros y casas de valores. El viernes pasado, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, había advertido que la ley es inconstitucional pues está legislando sobre más de una materia (financiera, mercado, comunicación).
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El proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (Ley Antimonopolio), propuesta por la presidencia de la República, forzaría a la venta de otros negocios a los accionistas, partícipes y directores de la banca privada y de los medios de comunicación. El proyecto, que se tramita en la Comisión de lo Económico de la Asamblea, reformaría las leyes de Instituciones Financieras y la Ley de Radiodifusión y Televisión. En esta última el artículo 74 C plantea en su transitoria vigésimo sexta que "no podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicación, los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional, que posean el 6 por ciento o más del paquete accionario con derecho a voto". Tampoco quienes, a criterio del organismo de control, tengan más del 6 por ciento aun cuando individualmente considerados no posean dicho porcentaje o quienes formen una unidad de interés económico. La ley da menos de un año (13 de julio del 2012) para enajenar dichas acciones o participaciones. Se establece una normativa similar para las personas naturales o jurídicas del sistema financiero con respecto a otros negocios ajenos a la actividad financiera. En este punto, la crítica que ha surgido por parte de la banca debido a que dentro de los negocios que deben ser desinvertidos se incluyen los que están regulados por la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Seguros. Esta normativa es la misma que ya se publicó en la Resolución JB de la Junta Bancaria y que había sido criticada, entre otras razones, por pretender reformar la ley de instituciones financieras con una normativa inferior. La ley otorga el mismo plazo para que la banca venda sus acciones en otro tipo de negocios, incluidos administradoras de fondos, seguros y casas de valores. El viernes pasado, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, había advertido que la ley es inconstitucional pues está legislando sobre más de una materia (financiera, mercado, comunicación).

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