MANIPULACIONES

Cuestión fundamental para el funcionamiento de los mercados es evitar su manipulación. Cuando productores, intermediarios o consumidores actúan en connivencia para distorsionar la oferta o la demanda, el Estado tiene la obligación de intervenir para eliminar tales distorsiones y asegurar la transparencia en las operaciones. Esta es una obligación pública ineludible. Para ese propósito, casi todos los países -el Ecuador es una penosa excepción- han expedido leyes antimonopolio en las que se determinan los actos prohibidos y las sanciones correspondientes. De allí que en el mundo actual resulta extraña la acción de carteles internacionales para la manipulación de los mercados. Se exhiben públicamente los acuerdos para limitar la oferta, evitar la competencia e influir en los precios, las reuniones de los actores se anuncian con anticipación y luego se informa oficialmente sobre las acciones comprometidas. Estos comportamientos en cualquier país o en una zona de integración darían lugar a inmediatas investigaciones y durísimas sanciones, que irían desde millonarias multas, hasta juicios penales contra quienes pactaron violar las normas del libre mercado. Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) toma acciones para limitar la oferta de crudo e influir en su precio. Es decir, un acto condenado y sancionado a nivel nacional o continental, ¿se acepta como legítimo en el comercio mundial?. Más allá de los propósitos perseguidos y de que la decisión de la OPEP logre los resultados buscados (hasta ahora la crisis económica mundial y los mayores volúmenes de oferta de crudo por parte de países no OPEP han pesado más), es tiempo de reflexionar sobre la existencia de carteles internacionales y realizar esfuerzos serios para encontrar otras maneras de estabilizar el mercado.