PAPAGAYOS

En 2006 y con escándalo, algunos medios informaron de una transacción de certificados de depósitos por bienes raíces coordinada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Con bombos y platillos señalaron al secretario de la Conferencia, monseñor José Vicente Eguiguren, como ejecutor de dicho negocio y como beneficiado con un departamento en la crisis bancaria que empobreció a muchos compatriotas. En este año de 2008, la jueza 14.º de lo Penal de Pichincha ha dictado sentencia y sobreseimiento definitivo a favor de Eguiguren en el juicio que contra él y seis funcionarios de Filanbanco se inició en febrero de 2006. Se confirmó, pues, que la Conferencia actuó lícita y legalmente, y que Eguiguren nada tuvo que ver con la transacción. Donde hay un obispo, un cura, una monja, allí hay "una víctima radiante". La Conferencia pagó a Filanbanco cuatro millones ciento cinco mil novecientos cincuenta y tres dólares por los bienes recibidos. El avalúo de estos bienes, hecho meses antes por Almaquil, fue de tres millones ciento sesenta y siete mil sesenta y siete dólares. Filanbanco ganó novecientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y seis dólares. ¿Dónde el escándalo? ¿Dónde el aprovechamiento? Según informes de auditoría de Superintendencia de Bancos y dictámenes del Ministerio Fiscal, la transacción fue lícita y legal. El error provino de un confuso informe de la Súper. Monseñor Eguiguren no participó siquiera en la transacción. El haberle acusado de peculado fue injusto y, además, erróneo, pues no era funcionario público.