EL DERECHO DE PROPIEDAD

¿Votó la gente para que se modifique el régimen económico? ¿Votó la ciudadanía para que se construya el socialismo? ¿Votó para que la Asamblea transforme a la propiedad privada en precaria y graciosa concesión del Estado? No, el pueblo no votó por eso. Sí votó para que se reforme a la estructura política, para que la burocracia sirva a la gente, para que partidos y movimientos sociales sean representativos, para que el poder no meta la mano en la administración de justicia, para tener seguridad, para que quienes ejercen potestades públicas rindan cuentas de ellas. Para eso votó el Ecuador. Los plenos poderes son para cumplir esos propósitos. No pueden ser el pretexto para limitar las libertades, someter a los individuos al eterno permiso del funcionario, ni para convertir a la sociedad en una mansa comunidad de dependientes del empleo público, o de la venia del jerarca de ocasión. No pueden ser instrumento para imponer ideologías que provocaron estrepitosos fracasos. Hay que aludir a los verdaderos poderes de la ANC -los morales que limitan su acción y que establecen sus responsabilidades- cuando de la propiedad se trata. La propiedad privada es un valor social profundamente arraigado en el país. Por eso, si hay coherencia con ese valor y respeto a la comunidad, no tiene facultad ni la ANC, ni nadie, para suprimirla o condicionarla con textos que dejan todos los cabos sueltos posibles y los resquicios que serán luego llenados con leyes secundarias o simples actos políticos.