REACCIONES INSTITUCIONALES SOBRE EL TLC

Aunque han transcurrido algunos meses y las cartas -no todas- deben haberse puesto sobre el tapete negociador, entramos a las etapas más difíciles donde las confrontaciones de intereses son álgidas; se desarrollan insólitas estrategias y hasta sutiles presiones por parte de los Estados Unidos, que presuntamente condicionan los avances a la solución de conflictos jurídicos entre empresas estadounidenses y el Estado ecuatoriano, generando preocupantes presagios para el caso de que se suscriba el TLC. Es muy importante que los representantes del poder público asuman con seriedad y patriotismo una negociación, cuyo rumbo no debe ser alterado ni distorsionado con propuestas nutridas de facilismo político. Si la Constitución otorga la facultad al Jefe de Estado para culminar acuerdos internacionales, que luego deberán ser examinados por el Tribunal Constitucional y, finalmente, aprobados o rechazados por el Congreso Nacional, resulta absurdo que un tratado de esta naturaleza -de complejos contenidos técnicos y jurídicos de poco acceso al conocimiento común- se pretenda llevarlo a una consulta popular.