ESTADO VERSUS ESTADO

Parece increíble que el Estado se enfrente y se oponga al Estado. Eso es lo que sucede en el caso, interminable, del Filanbanco. Por enésima vez se reúnen sus acreedores para nombrar la Junta que ha de vigilar el proceso de liquidación y en el acto convocado para el efecto por la Superintendencia de Bancos, se excluye al principal acreedor, que es la Agencia de Garantía de Depósitos, es decir, el Estado. Y quienes lo hacen son otras instituciones públicas, es decir, el propio Estado. Porque el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el IESS, TAME, el SRI y Corpecuador son, todas, instituciones públicas y por lo mismo, parte del Estado, aunque constituyan personas jurídicas distintas. En lugar de buscar la conjunción de acciones que permita que los diferentes perjudicados por la quiebra de Filanbanco recobren su dinero, dejan afuera al primer acreedor, que es la AGD, entidad que, a nombre del Estado, más dinero ha puesto para responder por esa quiebra. De las informaciones públicas se conoce que la AGD ha destinado en este caso aproximadamente 1 200 millones, que deben ser recuperados, por obligación legal y ética, como en el caso de los otros bancos quebrados. Se actúa como que la AGD no fuera acreedora. Y eso equivale a aceptar que el Estado no debe recuperar lo que puso para responder por los banqueros que, amparados en la ley que creó la AGD, le entregaron los bancos quebrados, voluntaria o forzadamente, que para el efecto da lo mismo.