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MODERNIZACIONES QUE FALTAN

Por: Tema(s): En: Hoy 10 abr. 2003, p. A. 9Resumen: Hacen falta varios procesos de modernización mucho más sutiles que los que nos sugieren las propuestas de liberalización económica que hemos escuchado desde los noventa. El primero tiene que ver con la visión que el ciudadano tiene de sí mismo. Llámese votante o consumidor, los ciudadanos deben estar conscientes de sus derechos y de la necesidad de ejercerlos para mejorar las condiciones de las prestaciones que reciben, no solo porque lo merecen sino porque además tienen la responsabilidad social de asegurar que los servicios sean mejores para todos. Mucho se ha discutido de las leyes que reformarían las estructuras jurídicas de las empresas públicas prestadoras de servicios -como si con ello se asegurara la calidad de sus prestaciones- y poco de la capacidad legal de los consumidores para fiscalizar su cumplimiento y calidad. No hay mejor fiscalizador que el propio consumidor y, sin embargo, nadie menos capacitado que él para asegurar mediante la acción legal que las prestaciones sean adecuadas. Por eso se deben destinar recursos para generar una institucionalidad legal que brinde respaldo e incentive la acción del consumidor. Si las personas reclamaran más por la calidad de los servicios que por sus precios, a la larga contribuirían a que las empresas sean más eficientes, haciendo menos costosas las prestaciones que reciben.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO Hoy. 10 abr. 2003, p. A. 9 Disponible

Hacen falta varios procesos de modernización mucho más sutiles que los que nos sugieren las propuestas de liberalización económica que hemos escuchado desde los noventa. El primero tiene que ver con la visión que el ciudadano tiene de sí mismo. Llámese votante o consumidor, los ciudadanos deben estar conscientes de sus derechos y de la necesidad de ejercerlos para mejorar las condiciones de las prestaciones que reciben, no solo porque lo merecen sino porque además tienen la responsabilidad social de asegurar que los servicios sean mejores para todos. Mucho se ha discutido de las leyes que reformarían las estructuras jurídicas de las empresas públicas prestadoras de servicios -como si con ello se asegurara la calidad de sus prestaciones- y poco de la capacidad legal de los consumidores para fiscalizar su cumplimiento y calidad. No hay mejor fiscalizador que el propio consumidor y, sin embargo, nadie menos capacitado que él para asegurar mediante la acción legal que las prestaciones sean adecuadas. Por eso se deben destinar recursos para generar una institucionalidad legal que brinde respaldo e incentive la acción del consumidor. Si las personas reclamaran más por la calidad de los servicios que por sus precios, a la larga contribuirían a que las empresas sean más eficientes, haciendo menos costosas las prestaciones que reciben.

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