AJUSTES CON SALARIOS DIGNOS

El proceso de adecuación de precios a una economía dolarizada y los rezagos de los desequilibrios del año 1999 siguen siendo los principales factores que explican la inflación del 89 por ciento anual vigente. Si a estos elementos se suma el impacto de que los ajustes a los servicios públicos se los aplique en forma gradual, se corre el riesgo de alimentar la llamada inercia inflacionaria. La inercia inflacionaria tiene dos fuentes principales que la determinan: las expectativas de los agentes económicos, es decir, lo que las personas y las empresas perciben y creen sobre el crecimiento de los precios y, las políticas de indexación, esto es, la compensación que se introduzca en algunos precios como los salarios, el precio de los combustibles y de las tarifas eléctricas, los impuestos, etc. Este alto riesgo de que por las presiones políticas tenga que diferirse la corrección de los principales precios públicos como gas, gasolina y tarifas eléctricas, y por lo tanto se pueda promover una inercia inflacionaria, debe ser también analizado por el lado de las políticas de compensación social. En este caso se debe ser igualmente consistente en el análisis, es decir, se deben preferiblemente subir los salarios del modo menos gradual posible pero en las proporciones adecuadas. Esto es justamente el meollo del problema: la magnitud de los ajustes salariales.