El problema es fiscal Gabriela Calderón de Burgos

Las salvaguardias impuestas son presentadas en la propaganda del Gobierno como una medida necesaria ante un shock externo y la ausencia de moneda propia. Asimismo, se ha justificado desconocer una deuda con el IESS y la toma de las utilidades de muchos trabajadores. Estas y muchas más medidas, algunas afectando el poder adquisitivo de todos los ecuatorianos (salvaguardias) y otras afectando el de un grupo determinado (utilidades e IESS), se pueden entender así solamente si se mira todo desde el prisma estatal: el Estado es el centro de la economía y el principal creador de riqueza. Pero si abrimos la mente a una interpretación no estatalizada de la realidad, podemos considerar conceptos como el costo de oportunidad del gasto público (léase: gasto de políticos en el poder) y su productividad en relación al gasto por parte del resto de la sociedad. Empecemos por aclarar el panorama de la historia reciente: el gasto del Estado ecuatoriano llegó en el 2014 a 49,8% del PIB desde un 40% en el 2008. Es cuestionable que sea necesario que el Estado gaste la mitad de lo que produce el país en un año. Segundo, la evidencia reciente indica que el creciente gasto público ha espantado en lugar de promover la inversión por parte de privados. Dicho todo esto, resulta evidente que nos convendría cortar mucha grasa en el sector público. No hablo de reducción en la velocidad del crecimiento del gasto, que es lo que se hizo en enero (después del recorte anunciado, el Gobierno todavía esperaba gastar $ 597 millones más que lo presupuestado para el 2014), sino más bien de verdaderos recortes al gasto. Después de todo, el verdadero problema que nos aflige hoy es fiscal, no comercial ni monetario.